El 20 de abril de 2006, 450 elementos de la Policía Federal Preventiva
(PFP) de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 172 de la Policía
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán
(PGEM), 299 de la Policía Estatal Preventiva, 150 del Grupo de Operaciones
Especiales y 30 del Grupo Motorizado “Lince” de la Subdirección de Tránsito del
estado de Michoacán implementaron un operativo con el propósito de recuperar
las instalaciones de la empresa siderúrgica Sicartsa, hoy ArcelorMittal Hierro,
que estaban tomadas desde el 2 de abril de ese año por trabajadores de la Sección
271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana.
Sin embargo, el referido
operativo no logró disolver el bloqueo que mantenían los mineros, con saldo
documentado de dos personas que perdieron la vida y 54 más que sufrieron
lesiones, entre éstas, 21 por arma de
fuego. “Evidenciando que los cuerpos de seguridad pública, tanto federales como
estatales, hicieron un uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego”, se
asentó en la recomendación 37/2006 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La PGJM consignó las
averiguaciones previas 83/2006-III-AEH, 194/2006 y 199/2006-VII/ 2006-VII dado
que 42 policías resultaron lesionados y, la PGR la AP/PGR/MICH/LC/55/2006 por
los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena en agravio de la PFP por lesiones
a 21 elementos los que no presentaron heridas producidas por arma de fuego,
indagatoria que mediante autorización del auxiliar del Procurador General de la
República, con folio 212/2006, del 22 de junio del 2006, fue enviada a la
reserva.
Al día siguiente del
conflicto, el 21 de abril, renunciaron a
su cargo el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del estado y el
Coordinador de la Policía Ministerial de la PGJM.
Por el deceso de dos
personas en el operativo el Gobierno del estado de Michoacán, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social, otorgó, el 28 de aquel abril, por concepto de
apoyo solidario, 300 mil pesos a cada una de las familias de los deudos.
Luego de 140 días de
suspensión laboral, el 19 de agosto de 2006, conciliaron el sindicato Minero y las
empresas Sicartsa y Atibsa, acordando reanudar las actividades productivas y
que las empresas proporcionan a la 271 un terreno para la construcción de la plaza
en memoria de los mineros fallecidos y el pago de Un millón de pesos como
indemnización a cada una de las familias de los mineros Héctor Álvarez Gómez y
Mario Alberto Castillo Rodríguez.
Además de los dos fallecidos,
el 20 de abril de 2006, resultaron lesionados
por arma de fuego: Óscar Ríos, Jesús Ramírez, Juan C. Valle, Víctor M. Hernández,
Martín González, José A. Guzmán, Alberto Nava, Ángel Castro, Juan C. Martínez,
Luis A. Vargas, Pedro Castillo, Abel Vázquez, Leodimiro Gómez, Humberto Monje,
Cirilo Quiñones, José Rivera, Timoteo López, Juan Santos, José L. Saligan, José
L. Jiménez y Delfino Menera, según reporte del IMSS.
Y fueron afectados en su
integridad física: Roberto Reyna, César A. Godínez, Rigoberto Cabrera, Isidro
Chapina, José S. Marroquín, Vililulfo Garibay, José B. Miranda, Humberto
Sánchez, Héctor M. González, J. de Jesús Jiménez, Tomás Simbrón, Jadiel J.
Velazco, José de J. Valtierra, Samuel Valtierra, Jerónimo Valdez, Martín Mejía,
George L. Santos, Alejandro Núñez, Manuel Domínguez, Fred España, Manuel Bravo,
Aduel Martínez, Juan Menera, José A.
Esquivel, Juan Cárdenas, Roberto Castañeda, Luis A. Valencia, Faustino
Maldonado, Pedro Cebrero, José G. Hernández, Rodrigo Vázquez, Alejandro Sotelo,
César M. Guevara, Alex M. de la Cruz, Juan Miranda, Juan C. Lagunas y Flavio
Romero.
Ese año la CNDH reconoció
la inmediatez con que el Gobierno del estado de Michoacán inició las
investigaciones ministeriales por las probables conductas delictivas de los
elementos policiacos que participaron en los hechos del 20 de abril de 2006
pero también reconoció que las indagatorias adolecieron de la debida
integración además de que se dictó auto de libertad por falta de pruebas para
procesar con las reservas de ley a favor de los inculpados que fueron sujetos a
sanciones administrativas.
De lo que hasta ahora no
hay un informe oficial conocido, es por los pobladores afectados o lesionados
así como las pérdidas millonarias que se registraron por daño a vehículos de la
empresa y de particulares además de afectaciones a inmuebles inmersos en la
zona del conflicto.
