Morelia,
Mich., El
Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, informó que la noche
del jueves se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un
“Juicio de Legalidad” contra el Gobierno Federal por los descuentos ilegales
realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las
participaciones que le corresponden por Ley a Michoacán.
Acompañado por la totalidad del
Gabinete Legal, el mandatario michoacano enfatizó que dicho juicio está
previsto en el Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, además de ser
inédito y de suma gravedad toda vez que afecta las participaciones de las
entidades federativas, y que sólo la Corte tiene la facultad de resolverlo.
Godoy Rangel destacó que ésta
decisión se tomó después de la búsqueda infructuosa de una respuesta favorable
de parte del Gobierno Federal, toda vez que siempre se buscó privilegiar el
diálogo institucional y una resolución amistosa.
A continuación el texto íntegro
del posicionamiento leído este día por el Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán, Leonel Godoy Rangel:
Amigas
y amigos:
Vengo
a informar a los michoacanos que el día de ayer a las 23:40 horas, presenté
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un “Juicio de Legalidad” contra
el Gobierno Federal por los descuentos ilegales a las participaciones que le
corresponden a Michoacán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho
juicio está previsto en el Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, y lo
considera de tal gravedad (afecta las participaciones de los estados) que sólo
la Corte puede resolverlo.
Tomé
esta decisión después de consultar al Gabinete legal y de esperar inútilmente
una respuesta del Gobierno Federal, porque siempre buscamos privilegiar el
diálogo institucional y una resolución amistosa.
Sin
embargo no ocurrió así, realizamos múltiples reuniones con altos funcionarios
de la Secretaria de Hacienda. Iniciamos solicitándole al presidente, Felipe
Calderón Hinojosa personalmente una cita con el entonces secretario, Ernesto
Cordero, misma que se dio el 2 de junio.
Después
de ofrecer una respuesta favorable, darnos el apoyo para el pago de las cuotas
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) como había ocurrido en los años 2007, 2008, 2009, y 2010. Se
realizaron 6 reuniones entre representantes de Hacienda y el Gobierno del
Estado, incluido dos veces el coordinador de los diputados federales del PRD;
Armando Rios Piter, para concretar dicha promesa. Nunca ocurrió, sólo evasivas
y el paso del tiempo.
Llegó
el cambio de secretarios, vino el nombramiento de José Antonio Meade, las cosas
no mejoraron, nuevamente el 5 de octubre le solicité al Presidente Calderón su
intervención para que se diera una reunión. Ésta se realizó el 11 de octubre
estando presentes: su servidor, el secretario Meade, Carlos Navarrete, Armando
Rios Piter, Jesús Zambrano, Mirella Guzmán y el subsecretario de Hacienda José
Antonio González. Ahí el nuevo secretario negó la existencia del compromiso del
anterior secretario y anunció no sólo que no nos daría el apoyo, sino además el
descuento de octubre que consistió en 435 millones de pesos. A pesar de los
reclamos de los Coordinadores Parlamentarios, el del Presidente del PRD y el
propio, al señalarle que el descuento era ilegal.
Pese a
lo anterior, y al grave problema financiero que dejó, en un último intento por
resolver por la vía conciliatoria el diferendo con Hacienda, le solicité al
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora el 25 de octubre que fuera
árbitro entre Hacienda y el Gobierno del Estado de Michoacán. Esto a pesar que
ya para entonces el Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero y la candidata a
gobernadora habían llevado el tema al terreno electoral, con mentiras y
difamaciones buscando sacar raja electoral de un acto ilegal que puso y tiene
en riesgo la liquidez de las finanzas michoacanas, poniéndose del lado del
Gobierno Federal y no de los michoacanos.
Ante
el silencio y la falta de respuesta a mi petición de amigable arbitraje y por
los daños que le está ocasionando a los michoacanos y a las finanzas estatales,
resolvimos acudir al máximo tribunal para que sea el árbitro judicial quien
decida a quién le asiste la razón legal.
Las
violaciones en las que incurrió el Gobierno Federal son evidentes, ya que la
Ley de Coordinación Fiscal establece en su Artículo 9 “las participaciones que
corresponden a las Entidades y municipios son inembargables; no pueden
afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención…”. Asimismo, el
Artículo 6 señala que “las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en
obra, sin condicionamiento alguno y ni podrán ser objeto de deducciones…”.
Reitero
que este “Juicio de Legalidad” lo presentamos ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el último minuto, del último día (ayer vencía el término) para
proceder judicialmente. No nos dejaron otra alternativa, agotamos las vías del
diálogo. Y al no obtener respuesta y para darle certeza jurídica y no dejar en
estado de indefensión a los michoacanos tomamos esta difícil pero necesaria
decisión.
Con el
presente Juicio de Legalidad, con un procedimiento similar a la Controversia
Constitucional, buscamos restituir el estado de derecho, la legalidad en
Michoacán y que no se violente la soberanía estatal mediante esos ilegales
descuentos y también aliviar las finanzas para el beneficio del pueblo de
Michoacán.
Muchas
Gracias
